Una grave denuncia contra la jueza Cecilia Inés Sanucci puso bajo cuestionamiento su actuación durante un juicio oral y pidió que se investigue si una sucesión de episodios protagonizados por la magistrada vulneró garantías fundamentales de un imputado que, según sostiene su familia, llegó a quedar expuesto frente al Tribunal sin la presencia de su abogado de confianza.

La presentación fue llevada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense y apunta directamente contra la conducta de Sanucci. Los denunciantes reclaman que se determine si su comportamiento resulta compatible con los deberes de imparcialidad, independencia, prudencia y respeto por el derecho de defensa que debe observar quien tiene en sus manos la responsabilidad de juzgar a una persona.

El episodio más delicado denunciado habría ocurrido cuando el defensor particular de A.R. no pudo presentarse por un problema de salud, posteriormente acreditado —según la presentación— mediante un certificado médico por 48 horas. Pese a encontrarse sin su abogado, el imputado habría sido llevado igualmente ante el Tribunal y se habría avanzado con la apertura de la audiencia.

Pero la acusación va mucho más allá. La familia sostiene que, mientras A.R. estaba sin su defensa técnica de confianza a su lado, Sanucci habría comenzado a interrogarlo sobre cuestiones relacionadas con su propio abogado. Incluso denuncian que la magistrada habría pretendido conocer el contenido de una conversación privada mantenida entre ambos el día anterior, un intercambio alcanzado por la confidencialidad que protege la relación entre un imputado y quien ejerce su defensa.

La frase atribuida a la jueza que encendió todas las alarmas

Uno de los pasajes más fuertes de la presentación refiere a una supuesta intervención directa de Sanucci sobre la elección del abogado. Según denunciaron, la magistrada habría sugerido a A.R. que analizara cambiar a su defensor y le habría indicado que hacerlo sería “para su bien”.

La familia considera que semejante manifestación, de comprobarse, podría constituir una injerencia de enorme gravedad sobre una de las decisiones más sensibles que puede tomar cualquier persona sometida a un proceso penal: elegir libremente quién la defenderá frente al mismo Tribunal encargado de juzgarla.

Los denunciantes remarcan además una circunstancia que consideran inquietante: parte de esas expresiones se habría producido por fuera de la formalidad del registro ordinario de la audiencia. Por ese motivo solicitaron que A.R. sea citado para declarar y reconstruir personalmente lo sucedido.

Las sospechas sobre la imparcialidad de Sanucci

La denuncia no se limita a aquel episodio. También pone bajo la lupa la reprogramación del debate y una sucesión de decisiones que, según la familia, terminaron colocando a la defensa en una creciente situación de tensión frente al Tribunal.

A ello se suma otro señalamiento particularmente sensible: los denunciantes aseguran haber observado reiteradas reuniones entre la magistrada y representantes legales de la denunciante de la causa principal. Para intentar establecer qué ocurrió realmente, reclamaron que se preserven y analicen las cámaras ubicadas en el primer piso del edificio judicial.

Es precisamente la acumulación de todos estos episodios la que, según la presentación, habría terminado por quebrar la confianza de la familia en la necesaria equidistancia de quien debe resolver el futuro del imputado. La denuncia habla de una posible “predisposición adversa” y sostiene que podría encontrarse comprometida la apariencia objetiva de imparcialidad.

Reclaman preservar los registros del 13 de agosto

La familia pidió una batería de medidas para que los episodios denunciados puedan ser reconstruidos y no queden reducidos a versiones enfrentadas. Entre ellas, reclamó la remisión de las actuaciones completas, actas, resoluciones, constancias de comparecencia y comunicaciones mantenidas con las partes.

Pero hay una prueba considerada central: los registros audiovisuales y sonoros de las audiencias, especialmente los correspondientes al 13 de agosto de 2026. Los denunciantes solicitaron expresamente que ese material sea incorporado y preservado.

También reclamaron que se determine formalmente si las conductas atribuidas a Sanucci resultan compatibles con los deberes de independencia, imparcialidad, prudencia y mesura exigidos a una magistrada y con el respeto efectivo del derecho de defensa.

La presentación coloca así bajo escrutinio institucional una sucesión de episodios que la familia considera de extrema gravedad. Ahora será el organismo competente el que deberá analizar la documentación, preservar las registraciones solicitadas y establecer qué ocurrió dentro de la sala. Las conductas descriptas constituyen por el momento acusaciones formuladas en una denuncia y deberán ser corroboradas durante el procedimiento correspondiente.