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Una prueba nueva. Demoledora. La acusación por la que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner fue que, desde la presidencia, benefició a Lázaro Báez y a su empresa, Austral Construcciones. Para eso -dijeron los jueces- dictó un decreto, el 54/2009, que permitió el pago de obras viales a través de un fideicomiso, conformado en base a un impuesto a los combustibles. Un nuevo testigo, Darío Andrés Levy, exempleado del área de presupuesto de Vialidad Nacional, exhibió en el juicio Cuadernos una planilla en la que se demuestra que a las empresas de Báez apenas se le pagó el 0,85 por ciento de los fondos habilitados por el decreto, mientras que las demás constructoras recibieron el 99,15 por ciento de lo surgido del fideicomiso. Además, la empresa que más recibió fue Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. O sea, una constructora alineada con la oposición. De manera que el argumento central de la condena -que se dictó un decreto para beneficiar a Báez- quedó desvirtuado. Con esos elementos, los abogados de CFK presentarán un agregado a su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para lograr una cautelar que interrumpa la condena de la expresidenta. También se planteará un recurso de revisión ante la Cámara de Casación nacional.