En conferencia de prensa recordó las presiones que sufrieron otros magistrados bonaerenses por dictar el cese de los aumentos de tarifas en servicios públicos explotados por empresas. También pidió a la sociedad que siga de cerca el destino político de los legisladores bonaerenses que integran el jurado, apuntó contra las bolsas de trabajo de los políticos y sostuvo que todos los fallos judiciales son políticos.

Acompañado por sus abogados Analía Elíades y Marcelo Ponce Núñez, no se guardó nada. “En las cuestiones tarifarias, hay aspectos económicos muy fuertes. Ahora sabemos las cuantiosas ganancias que están teniendo las empresas. Solamente el Grupo Pampa de Nicolás Caputo, el amigo de la vida del Presidente (Mauricio Macri), tuvo una ganancia de 7.500 millones de pesos en tres meses de acuerdo a lo declarado en la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Imagínense que un juez le suspenda por un mes el aumento de tarifas, son 2.500 millones de pesos. Son 2.500 millones de razones para removerlo”, graficó.

“Lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires -ejemplicó- cuando suspendimos el aumento de tarifas de la energía eléctrica. El marco regulatorio no estableció un monopolio, instauró cuatro zonas de distribución, norte, sur, este y La Plata que tenemos a Edelap. El empresario Rogelio Pagano, antes del aumento de tarifas, compró las cuatro empresas eléctricas, generando un monopolio. Luego le aumentaron las tarifas y el año pasado obtuvo de ganancia de más de 2.300 millones de pesos”, recordó el magistrado.

En su momento más político de la exposición, Arias consideró: “Cuando el poder político y el económico entran de la mano a la Casa de Gobierno, las instituciones salen por la ventana, porque es el poder político el que le tiene que poner un límite a la ambición empresaria y en este caso no ocurre. Cuando un juez intenta hacerlo, ambos poderes se vienen contra el magistrado. Esto es tremendo”, se lamentó.

“Al comienzo del aumento tarifario éramos 50 jueces los que dispusimos la suspensión del aumento de tarifas, hoy no hay uno solo que disponga la suspensión. En este contexto de disciplinamiento de jueces, al magistrado que le cae una demanda pidiendo la suspensión del aumento tarifario, es dejarle una bomba con la mecha encendida, sabemos lo que va a pasar con ese juez”, expresó. En esa misma línea, Arias aclaró que él no es un único magistrado perseguido por fallar contra los tarifazos y recordó el caso la jueza Martin Forms, de la localidad de San Martín a quien le dejaron “una granada del ejército argentino” a metros de su casa. “Echaron a su marido de la administración pública, amenazaron a sus hijos, estas son las situaciones que vivimos los jueces que limitamos los abusos en materia tarifaria”, disparó.

En relación a las acusaciones, el juez consideró que son “una infamia” y pidió enfocar la atención en los legisladores conjueces que están en el jurado, integrado por el senador Roberto Costa (Cambiemos) y los diputados Walter Carusso (Cambiemos) Jorge D’Onofrio y Pablo Garate (Frente Renovador) y Santiago Révora (Unidad Ciudadana). En relación a esto sostuvo que “la Defensoría del Pueblo es un cementerio de elefantes donde van a parar todos los legisladores que se quedan sin trabajo, previa negociación, obvio. Siempre hay negociaciones por cargos. Miren los exintendentes. El de La Plata (Pablo Bruera), el de Junín (Mario Meoni), ambos con funciones en el Banco Provincia, los designaron, qué tienen que ver con la actividad bancaria, no sé, pero los designaron, están ahí ¿Por qué están ahí? Cuando se están por terminar los cargos siempre hay negociaciones".

El magistrado pidió encarar una transformación del poder judicial camino a su democratización. “Aquí intervienen cuerpos políticos y corporativos, no interviene la sociedad. La valoración de la sociedad no importa. Hay que generar espacios democráticos para la designación de los jueces como de la gestión de los magistrados, mediante observatorios. No los controla nadie si cumplen los plazos, los estándares internacionales en materia de derechos humanos. También debe haber participación social en la remoción de los jueces, deben gestarse todas esas facetas. Sino queda todo cerrado a los acuerdos corporativos", concluyó el magistrado.