La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal manifestó que la situación que se vive en La Plata no está aislada de la realidad provincial, si no que habría advertido en una reunión de Gabinete sobre la cantidad de médicos objetores de conciencia. La medida que discute el Senado de la Nación y se votará el próximo 8 de agosto prevé esta realidad y aclara que solo podrán atenerse a esta cláusula las personas físicas, como individuos, y no así las instituciones. Es decir que, un médico o enfermero podrá declararse objetor de conciencia y negarse a realizar la práctica, pero ningún hospital o centro de saludo podrá serlo por sí mismo. 

"Si por una intervención de una enfermedad de alta complejidad un hospital público demora más de 20 días en hacer una operación no quiero imaginar qué pasará con una intervención de apenas 5 días de programación como puede ser un aborto", habría dicho la mandataria frente a su equipo de ministros en uno de los últimos encuentros mantenidos en la Casa de Gobierno de 6 entre 51 y 53. Y en ese mismo sentido habría agregado: "No tenemos idea del costo que esta ley podría implicar para los hospitales de la provincia si las clínicas privadas se niegan a hacer abortos por temas de conciencia". La preocupación de la Gobernadora se replica en varias provincias del país, y, a nivel local, no augura buenos resultados si la cámara alta decide sancionar la ley.

La situación desvela a los directores de los hospitales, más allá de sus posturas personales respecto de la regulación que ya tuvo media sanción en Diputados. Esa preocupación tiene sustento: la Ley contempla sanciones individuales de prisión de tres meses a un año e inhabilitación por el doble de tiempo para la “la autoridad de un establecimiento de salud o profesional que dilatare injustificadamente” el aborto. Y esas penas se elevarán de uno a tres años si por esa demora en la interrupción de los embarazos se generan perjuicios en la vida o la salud de la mujer.