El único acusado aceptó su culpabilidad y pidió que le apliquen el máximo de la condena por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sergio Ariel Lezana, de Defensa Civil municipal, aceptó los cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que tiene una pena de entre un mes y un año de inhabilitación para ejercer cargos y multas de entre 700 y 12.500 pesos.

"Es una vergüenza", dijo Marcelo Peña, abogado de uno de los damnificados, Ricardo Wagner. El profesional se opuso a una salida alternativa al debate oral "en desmedro y detrimento de los derechos de las víctimas". Este abogado presentó un escrito para pedir que el fiscal Jorge Paolini se aparte de la causa.